12.10.2007

BLOGGER INVITADO: PABLO MARTÍN, "EL TRIBUNAL DE JUSTICIA Y LOS TRIBUNALES NACIONALES EN EL NUEVO TRATADO DE LISBOA"

Unir Tribunal de Justicia y tribunales nacionales en una misma rúbrica es con claridad aludir al sistema jurisdiccional del ordenamiento comunitario. Poca duda cabe de que se trata de un tema complejo, especialmente si se atiende a la posición de los jueces nacionales, auténtico crisol jurídico de la integración donde se funden normas internas y normas europeas. En este sentido, mucho y muy bien se ha hablado de la incipiente “federalización” o verticalización indirecta de un sistema jurisdiccional que es en su origen indiscutiblemente horizontal o de cooperación judicial (entre otros, D. Sarmiento).

Con respecto a este sistema judicial europeo, es curioso advertir en la actualidad el divorcio existente entre un vivísimo debate doctrinal y un discurso jurídico oficial continuista. El continuismo oficial del que puede ser prueba el Tratado de Lisboa, apenas por venir, pero que en esto sigue al inhumado Tratado Constitucional, expresa una indisimulada confianza (¿esperanza?) en el sistema diseñado en el Tratado de Niza. Por el contrario, partiendo pues de la premisa de que el sistema no funciona ahora, ni puede funcionar en el futuro, la literatura especializada se ha embarcado en un debate sobre la configuración de ese sistema que ha alcanzado unas cotas de profundidad en el análisis, apertura en la reflexión, intensidad en su conexión con la realidad jurídica y dominio en las prolongaciones técnicas, poco habituales en un patio discursivo como el europeo tan propicio a nominalismos de moda. Las propuestas de verticalización mediante la creación de un recurso casacional (J. Baquero) contrastan otras tendentes justamente a restringir el instrumento prejudicial, básico para el sistema (entre ellas y recientemente, J. Komárek). Lo que hace interesante la cuestión y obliga a cautela es que entre las diversas propuestas no sólo hay diferencias sobre cómo debe construirse el sistema jurisdiccional de la Unión (sus funciones), sino que subyace un diagnóstico radicalmente distinto de cuál es la situación actual (sus consecuencias).

Personalmente, abrigo dudas sobre las propuestas que están encima de la mesa, que pueden terminar por crear más problemas de los que pretenden resolver. En última instancia, dudo de que el escenario jurisdiccional europeo esté en condiciones de afrontar, con garantías, cambios mayores. En este sentido, me siento más propicio a una opción conservadora que trate de incidir sobre los aspectos más disfuncionales del sistema.

Dirigiendo nuestra atención ahora al Tratado de Lisboa y su incidencia sobre el sistema jurisdiccional europeo cabe mencionar tres datos: a) este Tratado pondrá fin con la despilarización (M. Claes) al elemento más problemático para el sistema judicial europeo que constituía, sin ningún género de duda, el régimen jurídico de la cooperación policial y judicial penal (tercer pilar), terreno donde muchos de los pronunciamientos de los protagonistas del sistema (incluido el TJ) han sido, a mi juicio, decepcionantes; b) el Tratado consagra una ampliación del ius standi del particular en el recurso de anulación, ampliación que, desde UPA, parecía perentoria y que hay que tomar con bastante más cautela por su juego preclusivo (C. Martínez-Capdevila) y, c) el Tratado sigue confiando en el reenvío prejudicial como la clave de bóveda del sistema europeo de cooperación judicial, aunque sin afrontar su disfunción más preocupante (su utilización en el espacio de libertad, seguridad y justicia).

En este orden, es claro que el buen funcionamiento del sistema se apoya a partes seguramente desiguales en la promoción (fluidez) y en la persuasión (autoridad) del recurso al reenvío prejudicial. Aquí es, a mi juicio, donde las llamadas realizadas a la formación más sólida de las judicaturas nacionales (S. Prechal) y a la consistencia y coherencia de las respuestas dadas por el Tribunal de Justicia tienen su mejor acomodo. No obstante, es evidente que, dentro de ese sistema en esencia horizontal, una vez que fallan los mecanismos de promoción y persuasión, las opciones para el sistema son escasas y ninguna de ellas fácil de articular.

Hasta el momento, son dos las vías que se atisban: la aparición de la responsabilidad del Estado por incumplimiento del Derecho comunitario imputable a sus órganos judiciales (Köbler, Traghetti del Mediterraneo) y la afectación de la fuerza de cosa juzgada reconocida a la sentencia interna (Kühne & Heitz, Lucchini). Poca duda cabe de que tanto una como otra, presentan graves deficiencias tal y como resultan de su actual conformación en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, pero eso no las invalida como instrumentos jurídicos, sino que compele a su perfeccionamiento.

Aunque estas mejoras deben alcanzar a su definición sustantiva y al ámbito de aplicación, me gustaría detenerme aquí en la dimensión procedimental. En este sentido, a mi modo de ver, se debe ser consciente de que tanto la revisión por no reconocimiento de autoridad de cosa juzgada, como la apreciación de la responsabilidad del Estado por la actuación de sus tribunales, constituyen instrumentos de una delicadeza jurídica sobresaliente en cualquier sistema jurídico. Por ello, creo que el respeto de las estructuras constitucionales de los Estados requiere que su articulación jurídica se mantenga dentro de los parámetros del principio de autonomía institucional y procedimental de los Estados, incluso si esto implica una notable dilación temporal.

En este sentido, pueden sugerirse dos modificaciones que refuercen estos mecanismos: de un lado, la supervisión de cómo son aplicados podría ser más estricta y escapar al criterio de generalidad que el Tribunal de Justicia sentó en 2003 (Comisión c. Italia) para apreciar ex art. 226 TCE el incumplimiento de un Estado. De otro, es posible que haya llegado el momento de reformular el principio de efectividad en este contexto. Tal y como es aplicado por la jurisprudencia este principio más que exigir efectividad, demanda una mera posibilidad, pues se limita a exigir que el cauce de Derecho interno no haga “prácticamente imposible o excesivamente difícil la satisfacción del derecho”. Por el contrario, la efectividad bien puede configurarse como la exigencia de un cauce procedimental “adecuado o apropiado para la satisfacción del derecho” (que, entonces sí, sería efectivo), en el bien entendido de que el enjuiciamiento de esa adecuación debe realizarse en términos abstractos y no en el caso concreto (F. Becker).

Obviamente, estas reflexiones dejan en el tintero muchas otras dimensiones, positivas y negativas, del sistema europeo de cooperación judicial y no son sino una más entre las posibles formas de acercarse al tema. Sería bueno que comenzásemos (y no sólo la doctrina) a aproximarnos al sistema jurisdiccional desde la perspectiva del juez nacional como juez del Derecho comunitario, como un juez que posee un mandato europeo (M. Claes) que ha de cumplir desde la horma abstracta que configura su orden interno y desde la horma concreta que conforma su función jurisdiccional en el proceso del que conoce.

P. Martín
(pamartin@ugr.es)

11.30.2007

GUEST BLOGGER: MIGUEL AZPITARTE, ON CONSTITUTIONAL CONFLICT AND LEGAL PLURALISM IN A POST-CONSTITUTIONAL UNION

The present title provides enough elements to help us understand what could be the proper function of Constitutional Courts in their relationship with European Law. I will structure my analysis in three separate sections, following the title of this post.

Constitutional conflict

1. Our first step must be to clarify what do we mean when we talk about “constitutional conflict”. In my opinion, when we mention constitutional conflict in European law, we are referring to the hypothesis of a conflict between a national Constitution and the Treaties, or in a wider perspective, a conflict between a national Constitution and European law in general. And if a constitutional conflict brings a national Constitution into the arena, there is no doubt that national Constitutional Courts will have to play a role.

2. But the relevance of Constitutional Courts should not make us think that a constitutional conflict is only a conflict between courts. A constitutional conflict is not only a problem about who has the final say in a judicial case. A constitutional conflict, like every conflict of laws, has a deeper meaning. Whenever a case must be decided choosing between two competing norms, we are solving a singular case, but we are also deciding on two powers: the power that incepted the Constitution, and the one that creates European law. Constitutional conflict is a technical way of expressing a conflict among autonomous powers. And if we speak of power, the scene cannot be reduced to Constitutional Courts. They are, of course, leading actors, but the scene is a much wider one. In understanding constitutional conflicts, we have to rely upon Courts, but also on lawmakers, and not least, citizens.


Legal pluralism

1. A wide definition of constitutional conflicts will enable us to grasp the following concept of legal pluralism: various constitutional voices express their constitutional narrative in the open society of constitutional law. Legal pluralism provides, therefore, richness to constitutional thought.

But pluralism has its limits in the internal rationality of law. We use law to solve problems. It is positive if plurality appears as an element of the law, but, at some point, the institutional framework must put an end to a concrete conflict and decide on a particular controversy.

2. Therefore, the fundamental issue is how to structure legal pluralism in order to solve a constitutional conflict. The problems under discussion here appear, thus, in intimate relation: what is the proper role of Constitutional Courts? In order to solve this query, we need a political and constitutional theory. A constitutional theory that explains the idea of pluralism; the need for pragmatism in law within a pluralist framework; and the allocation of a proper position for the Constitutional Court in the search for a balance between pluralism and pragmatism.

3. In mi opinion, the solution should come by exploring the possibilities of what I will call legal federalism. I have chosen this term for three reasons. First, the concept of federalism recalls the idea of pluralism and order as a possible conjunction. Secondly, because it refers us to other models where the pluralistic character of constitutional law is a routine, where constitutional scrutiny is not constructed under dramatic hypothesis, as occurs, for example, in the United States or Germany. And thirdly, the adjective “legal” allow us to put away the fears purported by the enemies of political federalism. [But, anyway, if the word federalism must be eradicated, I am happy to accept other concepts such as constitutional structuralism or constitutional multiplicity, that put on the table the idea of pluralism and order as a possible conjunction].

4. The search for a political philosophy is rather simple: the increase of power through democratic association. Pluralism (political, cultural and national pluralism) is arranged through democracy, resulting in an increase of power.

5. And what are the consequences of this political philosophy in the definition of constitutional control? The main results appear to me rather straightforward: Constitutional Courts must guarantee the integrity of the Constitution vis-a-vis national legislation.

This simple and general consequence provides us with additional practical consequences.

a) The Court must control draft Treaties only if there is a plain textual contradiction, avoiding the use of general principles.

b) The Court must concentrate in the application and implementation of European law. In this scenario the conflict is mature and ready to be understood in its whole dimension.

c) In this context, the Court must make an effort to scrutinize the national dimension of the conflict (the national law, the national application), and refuse to any control that has European law as its main object.

d) If national law is unconstitutional because of European law, then the Court must order a preliminary reference before the European Court of Justice, prior to its decision.

e) If after all these steps the Court believes that European law contradicts national Constitutional law, the Court must make a prospective ruling, setting the limits of the decision and opening the possibilities for a solution.


A post-constitutional Union

1. I have tried to point out that the proper position of Constitutional Courts needs a political and constitutional theory that explains such position. It must be so, because the role of a Constitutional Court in its national dimension is built on a very precise constitutional theory that it can not be extended in its European dimension without a critical revision.

2. But the third element of this post, the “post-constitutional Union”, wonders about the plausibility of a constitutional reflection. If the Constitutional Treaty is dead, for what reasons do we keep doing a constitutional analysis? Finally, we need to ask ourselves about the need for a constitutional discourse in an institutional space without a Constitution.

I believe there are strong reasons to keep thinking in constitutional terms.

a) National Constitutions and their relation with European law reserve spaces for constitutional discourse, even if these narratives can become introspective.

b) The Constitutional treaty did not open the constitutional debate, and would not have closed it. The existence of a norm which we can call a “Constitution” has indeed a strong effect in our political imagery and helps to put the constitutional narrative in the center of the debate. With a Constitutional text there is a very small space for competitive narratives: the constitutional paradigm closes the political scenario. But a Constitutional text is not the essential condition to build a constitutional narrative. Of course, this narrative is weaker without a Constitutional text –it has to compete with other narratives-, but it is a necessary one if we must arrange power with the democratic principle as a starting point.

c) Therefore, a constitutional narrative, the organization of power originating from the democratic principle, must be in the battlefield of a post-constitutional Union. The present scenario is a political desert in which I do not see an ideological alternative to a constitutional discourse. The time of silence must be thus filled with democratic discourse.

GUEST BLOGGERS

No voy a ser muy original, pero creo que sería una pena desperdiciar las ideas y el trabajo de los amigos y colegas. Puesto que soy de los pocos que se ha lanzado a ésto de crear un blog sobre Derecho europeo, voy a invitar a varios expertos a que participen en esta iniciativa. Serán mis "guest bloggers", una modalidad bastante arraigada en la blogsfera, pero que es siempre estimulante y da cierta vidilla a los blogs.

El lunes 26 pasado, en el seminario "Beyond Lisbon" que celebramos en la Complutense, se mantuvieron cuatro debates excelentes sobre distintos problemas que afectan al constitucionalismo de la Unión. En uno de ellos, Miguel Azpitarte, profesor titular de Derecho constitucional de Granada, lanzó una serie de comentarios a la ponencia de Zdenek Kuhn, donde apuntó algunas ideas que me parecieron tremendamente interesantes. Al igual que a otros participantes del seminario, le he pedido a Miguel que me preparara una breve nota que condensara las ideas que expresó en la Complutense. Su post será la primera intervención de un "guest blogger" en este foro. Os aseguro que no será la última.

Y como todo lo que hace Miguel, es de una factura y frescura excepcional.

Vean, vean...

11.29.2007

QUE FEO QUE ES

Tras el parto, ya tenemos al niño plenamente desprendido del seno materno. Desgraciadamente faltaba el otro requisito para darlo por persona: la forma humana.

El pobre Tratado de Lisboa, tal como quedó, con sus artículos modificativos y la Constitución medio sepultada entre sus preceptos, es un auténtico adefesio, el pobre. Ahora, gracias al trabajo de José Martín y Mariola Urrea, de la Universidad de La Rioja, así como el impulso del Real Instituto Elcano, contamos con una versión refundida, extraoficial, pero tremendamente útil.

Podéis consultarla en la siguiente página web del Instituto:

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/FuturoEuropa/TratadodeLisboa2007

Para colmo, la criatura será firmada el día 13 de diciembre. Sí, el 13. Al menos los Jefes de Estado y de Gobierno se han preocupado de que el día no fuera ni martes ni viernes.

Pobre Tratado...

UNA DE LORES

Con un retraso imperdonable, os mando la referencia de una sentencia absolutamente espectacular de la Cámara de los Lores. Han pasado diez meses desde que se dictó, y no logró entender cómo se me ha podido escapar. La he descubierto en el último Reflet de la Cour.

Es espectacular por los siguientes motivos: 1) no creo que mucha gente esté al tanto de la decisión; el otro día, en el seminario Beyond Lisbon, se habló mucho de la euro-orden y nadie hizo referencia a ella (y había gente que sabía mucho de la saga euro-orden, todo sea dicho). 2) Es un ejemplo extraordinario de cómo hay que aplicar el Derecho de la Unión. 3) Es es buen referente para quienes quieren seguir haciendo ruido constitucional con la euro-orden.

Se trata de lo siguiente: durante la instrucción del juicio por los atentados del 11-M, el juez Del Olmo (según los Lores, "judge Gálvez", por éso del segundo apellido), dictó una euro-orden solicitando la entrega de Mouhannad Almallah. Dabas. Sin embargo, la ley británica de transposición de la Decisión Marco de la euro-orden exige de las autoridades británicas la emisión de un escrito en el que se certifique que se cumplen las condiciones relativas a la tipicidad y la gravedad de las sanciones. En el fondo, este escrito puede terminar torpedeando todo el sistema, porque supone introducir un control adicional sobre el fondo a cargo del Estado de ejecución, cuya garantía y control se supone que ya ha salvaguardado el juez del Estado requirente.

Pues bien: ése era el tema. ¿La exigencia de un "certificado" a cargo de la autoridad podría interpretarse cumplido con el escrito del juez requirente? O sea: ¿se podía interpretar una disposición británica de transposición, que evidentemente se está referiendo a un trámite que deben hacer las autoridades británicas, en el sentido de que, dado el principio de reconocimiento mutuo, el trámite se da por satisfecho una vez cumplido en el Estado de emisión de la euro-orden?

Los tribunales que han optado por hacer ruido con la euro-orden, habrían encontrado un auténtico filón en este caso. A fin de cuentas, el dichoso certificado podría habernos llevado a un debate sobre el principio de legalidad y la doble tipicidad en la Decisión Marco, tal como había entendido la Cour d'Arbitrage belga. Además, siendo británicos... uno pensaría que aprovecharían la ocasión para darle otro zarpazo al tercer pilar y, ya puestos, al TJCE.

Pues nada de éso. Al contrario, la Cámara de los Lores, en un leading vote ejemplar de Lord Hope, viene a decir que la euro-orden es el resultado del principo de mutua confianza. Que esa mutua confianza trae, como consecuencia, un principio de reconocimiento mutuo. Que a consecuencia de la sentencia Pupino, hay que hacer un esfuerzo por interpretar el Derecho nacional a la luz del Derecho de la Unión, incluidas las Decisiones Marco. No tiene empacho en citar a la AG Kokott en sus Conclusiones en el asunto Pupino, para constatar cuál es exactamente la finalidad de esta interpretación conforme en el Tercer Pilar. En febrero de 2007, cuando se dictó la sentencia, aún no había salido la sentencia del TJCE en el asunto Advocaten, pero los Lores contaban con las Conclusiones del AG Ruiz-Jarabo, y las citan in extenso para insistir en la idea de la confianza mutua.

En definitiva, Pupino mediante, los Lores llegan a la conclusión de que hay que interpretar la Extradition Act británica de conformidad con la Decisión Marco, y ello supone que el trámite británcio de la certificación, cuya realización supone un obstáculo adicional a la ejecución de una orden de arresto, debe darse por cumplido mediante la resolución del juez requirente. En este caso, un juez español.

Ahí tenéis la sentencia, un auténtico ejemplo de responsabilidad, buen hacer y diálogo entre un Constitucional y el TJCE.

Ojalá todos fueran así...

http://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/2007/6.html

10.19.2007

Y AHORA SERAN ONCE...

Kam Wuj, un ilustre cicuta del esoterismo, escribió en "El Libro del Destino" lo siguiente:

"Como todas las Vibraciones Maestras, el 11 trasciende los límites de la mentalidad y el comportamiento humano. Es un reto que exige niveles de conducta muy altos y severos que no les permiten olvidar que ante todo y sobre todo se deben a los demás. Al estar sintonizados a una de las más altas Vibraciones, son idealistas dispuestos al sacrificio por un ideal y a menudo son los propulsores de ideas de avanzada social e interés comunitario".

Pues bien, si el número 11 está in sintonía con las Vibraciones Maestras, que son, todo sea dicho, las más altas vibraciones, tomemos buena nota del comentario para el futuro. Sí, sí, tomemos muy buena nota.

Digo todo esto porque serán nada menos que 11 los Abogados Generales que tendremos a partir de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, tal como acordaron ayer los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en el Consejo Europeo informal celebrado en Lisboa.

Os seré sincero y pensé que pasarían de los 8 actuales a 10, pero finalmente ha reinado el café para todos: un Abogado General para Polonia y dos para los Estados pequeños, que ahora tendrán cancha para rotar entre cinco Abogados Generales y no tres, como se venía haciendo hasta ahora. Esta medida me ha hecho pensar sobre varias cuestiones, todas ellas ligadas al papel del Abogado General, claro está. A ver qué os parecen...

Siempre ha habido quienes han dicho que los Abogados Generales no sirven para nada. Es un viejo argumento que viene de antiguo y al que se han sumado voces muy autorizadas (de las que no daremos cuenta en este blog, claro). Si las Conclusiones no son vinculantes... ¿para qué sirve un Abogado General? Si su opinión sólo tiene la fuerza de sus argumentos, quizás podríamos ahorrarnos un buen dinero y cerrarles el chiringo para crear, en cambio, más jueces en el TPI, cada vez más saturado y necesitado de apoyo material y humano.

Pero ahora resulta que en la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno uno de los pocos temas que ha llegado vivo hasta el final es precisamente el de los Abogados Generales, pero no para acabar con ellos, ¡sino para que haya más! Si no sirven para nada, ¿por qué tienen tanto interés los polacos en asegurarse uno? Si sus Conclusiones parecen no tener mucha utilidad, ¿por qué los pequeños han reivindicado su justa dosis de Abogado General? Parece, en definitiva, que no eran ni tan inútiles ni tan irrelevantes, pues de lo contrario el debate se habría centrado justamente en lo contrario: acabemos con la figura y hagamos que el proceso judicial comunitario se haga más eficaz.

Esto me lleva a otra idea: en las Conclusiones de los Abogados Generales es donde mejor se ve, sin lugar a dudas, la tradición jurídica de cada uno de ellos. La cultura jurídica de los Magistrados queda difuminada por la naturaleza colegiada de las formaciones del Tribunal, pero las Conclusiones de los Abogados Generales son viva muestra de la forma de entender, de cada uno de ellos, el Derecho. La fuerza cristalina de los argumentos de Léger eran un vivo ejemlo de la mejor cultura jurídica francesa; la solidez dogmática de Julianne Kokott muestra que, para los alemanes, hacer Derecho no es sólo resolver casos, sino también dar encaje a un caso en un marco teórico más amplio; la brillantez intelectual de Miguel Maduro, tan apabullante y seductora, aporta esa forma tan mediterránea y al mismo tiempo anglosajona de hacer Derecho, con un pie en la dogmática y otro en el contexto y su realidad social. Una tendencia que también puede verse en las Conclusiones de Dámaso Ruiz-Jarabo, uno de los Abogados Generales más preocupados por buscar una lógica jurídica aplastante de la mano de la justicia del caso concreto, en cuyas Conclusiones se ven grandes esfuerzos por pulir conceptos como el de "equidad", en línea con la emotividad racional propia de nuestra forma tan española de ser.

Los Abogados Generales han sido quienes han aportado la transparencia de la diversidad cultural traducida al mundo del Derecho comunitario. Si ahora pasan a ser once, esa pluralidad será más visible aún. Con once voces apoyando al Tribunal en la búsqueda de respuestas en un universo tan incierto como el jurídico-comunitario, la riqueza que han aportado a lo largo de estos cincuenta años contribuirá a reforzar aún más no sólo la toma de decisiones del Tribunal, sino también la legitimidad de la institución.

Y si son once, no diez ni doce, puede que se cumpla la profecía del bueno de Kam Wuj, nuestro teórico del esoterismo: los número once "son idealistas dispuestos al sacrificio por un ideal y a menudo son los propulsores de ideas de avanzada social e interés comunitario". Esto del "interés comunitario" es de pura casualidad, pero quizás, dentro de diez o quince años, resulta que Wuj nos demuestra que ya veía venir el devenir de la justicia europea, y muy especialmente el de sus once Abogados Generales, los de las Vibraciones Maestras.

No se trata de temblar, no. Parece que se trata más bien de vibrar.

10.17.2007

LA DIRECTIVA HA MUERTO. ¡LARGA VIDA A LA DIRECTIVA!

Hola a todos.

Ayer martes se publicó la sentencia Palacios de la Villa y aún no salgo de mi asombro.

Es, en dos palabras, im-prezionante.

Detrás de Palacios de la Villa hay dos cuestiones, las dos muy importantes. Por un lado estaba la cuestión suscitada directamente por el juez nacional, que afectaba a la compatibilidad del régimen español de jubilación forzosa (tal como estaba previsto mediante convenio) con la Directiva 2000/78/CEE, de igualdad de trato en el empleo y la ocupación. El Tribunal ha confirmado la legalidad de la regulación española, reconociendo que persigue finalidades legítimas, como la creación de empleo (finalidades toleradas expresamente por la Directiva, pero que el legislador y los actores sociales no habían expresado con claridad).

Efectivamente, es un tema importante. Hay mucho en juego, y por tanto era una cuestión que tenía muy preocupadas a las empresas y también a los juzgados españoles del orden social. Más aún cuando habíamos visto sentencias como Pfeiffer, Mangold o Adeneler, donde parecía que el Tribunal no tenía las cosas demasiado claras.

Pero vayamos a lo segundo, que es lo que a mí me parece bastante más espectacular, no sólo porque afecta a este caso, sino porque tiene repercusiones constitucionales en todo el sistema de fuentes. En Palacios de la Villa, si no me equivoco (y hay muchas posibilidades de que me equivoque), el Tribunal acaba de levantar el acta de defunción del llamado efecto directo horizontal de las Directivas. Dicho en otras palabras: el Tribunal ha decidido poner fin a las limitaciones que tradicionalmente había impuesto a las Directivas fuera de plazo, cuando quienes las invocaban eran particular frente a otros particulares, y no frente al Estado.

Ahí es nada.

Palacios de la Villa viene a decir lo siguiente: la Directiva 2000/78/CEE impone ciertas condiciones a los Estados, posteriormente ejecutadas por los particulares a través de la negociación colectiva y, en definitiva, mediante la aplicación del Derecho laboral en las relaciones ordinarias entre empresario y trabajador. La Directiva de este caso establece una prohibición de discriminación en el empleo. Vale. El señor Palacios demanda a Cortefiel por jubilarle forzosamente a los 65 años. Vale. El señor Palacios invoca ante Cortefiel la aplicación de la Directiva 2000/78/CEE, con el objetivo de que se inaplique el convenio colectivo y la legislación laboral. Vale. Hasta aquí estamos ante un caso de libro de efecto horizontal de Directivas.

¿Y qué dice el Tribunal?

Pues nada menos que ésto: la Directiva "se aplica a una situación como la que ha dado origen al litigio pendiente ante el órgano jurisdiccional remitente". Nada nuevo ni revolucionario, si no fuera porque, con anterioridad, el Tribunal no hace el menor esfuerzo por determinar si la Directiva surte efecto directo entre particulares o ante al Estado; si la Directiva estaba fuera de plazo; si la Directiva contiene disposiciones suficientemente claras e incondicionales; si las limitaciones al efecto directo pueden salvarse a través de una interpretación conforme... Nada, de nada, de nada, de nada.

El Tribunal parece estar diciendo algo así: la Directiva tiene efecto directo porque sí, y en el presente asunto no existe un problema sobre la verticalidad o la horizontalidad de la norma o de la relación jurídica. Ahí no hay nada que discutir. Lo que cabe discutir es si esta Directiva se aplica en el ámbito laboral, en un litigio sobre discriminación por razón de edad, etc...

Palacios es una sentencia de Gran Sala, que no hace ni una sola cita ni referencia a su jurisprudencia clásica sobre efecto directo de Directivas (Marshall, Von Colson, Marleasing, Pfeiffer, etc...). Es como si no hubiera existido nunca un debate de este tipo, cuando, tan sólo hace dos años, en Pfeiffer, el Tribunal estaba mareando nuevamente la perdiz con el viejo tema del efecto directivo de las Directivas. La sentencia es espectacular, pero uno no sabe si está ante algo revolucionario, o simplemente ante una sentencia que "no ha caído en la cuenta de...". Evidentemente no puedo tratarse de lo segundo, de modo que debemos decantarnos por la tesis de una sentencia, cuando menos, muy importante para el sistema de fuentes de la Unión.

Una vez más, tal como ocurrió con Pupino, el Tribunal ha buscado una fecha simbólica para dar una vuelta más de tuerca al Derecho de la Unión. Si en Pupino la sentencia coincidió con el Consejo Europeo que dio el visto bueno a los trabajos de la Convención sobre el Futuro de Europa, Palacios se presenta en sociedad dos días antes del Consejo Europeo que va a cerrar el Tratado de Lisboa. Donde, por cierto, las Directivas se mantienen como han estado siempre, al menos en su denominación. La que habría sido "Ley Marco" ahora será la vieja Directiva, pero Palacios acaba de convertir lo viejo en nuevo.

La Directiva ha muerto.

¡Larga vida a la Directiva!